Eduardo Aguirre recorre en su lancha el lago de Atitlán, mientras la luz del sol destella en sus aguas y los volcanes se erigen majestuosamente en el horizonte. Aguirre lleva lentes de sol y un chaleco salvavidas por encima de su camisa polo azul con la leyenda Amigos del Lago de Atitlán. Parece como si estuviera de vacaciones, pero en realidad él es el director de la organización que se propone construir el sistema de aguas residuales más grande de Centroamérica.
La organización está conformada por académicos, científicos y habitantes urbanos. Son dueños de casas vacacionales en torno a este lago, surgido en lo que alguna vez fue el cráter de un volcán activo, y están sumando esfuerzos para garantizar su supervivencia, pues representa un importante polo turístico, un motor económico para el país y, sobre todo, constituye la reserva de agua dulce más importante de la región. 300.000 habitantes, la mayoría indígenas mayas, viven en sus alrededores, quienes llaman al lago por nombre y apellido: Atitlán Cristalina. Sin embargo, sus aguas cristalinas hoy sólo existen en el recuerdo.
"Ésta es la historia de las plantas de tratamiento de agua en Guatemala ", afirma Aguirre al bajar de la lancha. Transcurren las primeras horas del día en la costa de San Lucas Tolimán y ya puede verse a un grupo de mujeres lavando ropa en el lago. A orillas del mismo, cien metros más adelante, una planta de tratamiento se desborda en un parque infantil, mientras que otro estanque yace cubierto completamente por la maleza. Aguirre explica que ahí, de donde debería salir el agua limpia desde la planta, brota una espuma espesa compuesta por jabón, nitratos y bacterias fecales. Su hijo frunce el ceño y mira a su alrededor con desagrado.
El agua corre así, sin filtrarse, directamente hacia el lago. Aguirre continúa explicando y señala con el dedo hacia donde resuena una bomba, unos cien metros más adelante. Desde ahí, contaminada presuntamente se conduce de regreso a los hogares para su consumo doméstico. El lago es la única fuente de agua para las poblaciones del sur de la cuenca, por lo que su mal estado representa un desastre para el medio ambiente y la salud.
Maria Feliziana Ujpan Mendoza realiza rituales en la orilla del lago Atitlán. Ann Esswein
Eduardo Aguirre está acostumbrado a que el líquido corra al abrir el grifo y a que, al tirar de la palanca del retrete, desaparezca por el drenaje de la Ciudad de Guatemala. Cien kilómetros al norte, en la zona rural del país, únicamente el 40% de los poblados dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que el sistema de drenaje es un lujo que existe sólo para una minoría.
2019 es año electoral en Guatemala [* este reportaje se realizó antes de las elecciones del 16 de junio] y Aguirre considera que éste podría ser un momento oportuno para poner punto final a este caos. El director de la organización y también arquitecto se muestra nervioso, pues el gobierno debe decidir si acepta o no su proyecto; la fecha límite son los comicios. "¿Qué pasaría si no?", pregunta su hijo durante el trayecto de vuelta a la lancha. "Entonces el lago se moriría para siempre", responde Aguirre. La organización Amigos del Lago de Atitlán pronostica que en cinco años la situación del lago habrá alcanzado un punto de no retorno.
Científicos nacionales e internacionales debaten aún sobre la gravedad de la situación en el lago de Atitlán. El Centro de Estudios Atitlán (CEA) lleva a cabo mediciones de manera regular desde hace diez años, sin obtener pronósticos definitivos hasta la fecha. Sin embargo, algo resulta evidente: cada vez es más frecuente encontrarse con la proliferación de algas, o para ser más precisos, con el crecimiento exponencial de cianobacterias. Las cepas de algas parcialmente tóxicas se forman en los cuerpos de agua dulce cuando resultan contaminados por aguas residuales, pesticidas y fertilizantes. En enero, las cianobacterias -que tienen la apariencia de pelaje canino mojado- cubrieron la totalidad de los 126 kilómetros cuadrados que abarca el lago. El diario guatemalteco Prensa Libre alerta actualmente sobre los riesgos del consumo de pescado.
Son tiempos difíciles para Matías Yak, de treinta y tres años, quien afirma: "El lago es como mi banco". Mientras, envuelve en hojas de caña los cangrejos que más tarde venderá en el mercado. A cien metros de su casa de barro, yendo hacia abajo, la familia de cinco miembros extrae el agua para cocinar, bañarse y lavarse los dientes. El lago funciona como un cuarto de baño al aire libre y es, a la vez, su fuente de ingresos más importante. "No había ni peces ni cangrejos", relata Magdalena, la esposa de Matías, refiriéndose a la más reciente proliferación de algas. Últimamente han pensado en marcharse, pues "hay un contaminante... ¿Cómo dices que se llama?", pregunta ella, titubeante, a su marido, "cianobacterias", le responde Matías.
El lugar donde residen las familias de pescadores arroja los valores más graves a lo largo de la ribera del lago, afirma Mónica Orozco, bióloga del CEA, consciente de que las 70.000 personas, para quienes el lago representa su única fuente de agua dulce, disponen de muy poca información sobre el nivel de contaminación y sus consecuencias. Según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el 50% de los habitantes padecen diarreas crónicas, un número significativamente mayor al de otros lugares en Guatemala. Orozco reporta que los niños mayores de un año sufren padecimientos gastrointestinales cuyo desenlace, en muchos casos, resulta ser fatal. Los pescadores, asimismo, se quejan por la aparición de erupciones en la piel después de haber tomado un baño en el lago.
En una amplia oficina en la Ciudad de Guatemala, a unos 200 kilómetros de ahí, la organización Amigos del Lago Atitlán trabaja en una posible solución a este problema: se llama megacolector y fue desarrollado por científicos de California. Como si se tratara de una operación militar, Aguirre describe la primera fase, parado frente a un mapa: construcción de canalizaciones, pues hasta ahora sólo la mitad de las casas están conectadas a un sistema de desagüe. De este modo, las aguas residuales quedarían conectadas a un sistema de tuberías que, de realizarse el proyecto, se instalará a 20 metros bajo la superficie del lago.
Por medio de turbinas se llevarán dichas aguas hasta la orilla de San Lucas Tolimán y luego fuera de la cuenca a San Julian. Una planta central se encargaría de purificarlas y generar electricidad. Para garantizar su mantenimiento, el plan es vender la energía producida, explica Aguirre. El hecho de que el colector también beneficie a la agricultura, y no solamente a las comunidades, es una sospecha generalizada. Este proyecto tendría dimensiones históricas, según detalla la organización en su sitio de internet, pues sólo un lago cristalino atrae a los turistas y, con ellos, el beneficio para 17 millones de guatemaltecos.
En octubre de 2018, el gobierno de Jimmy Morales anunció un apoyo para el proyecto, cuyo costo asciende a unos doscientos millones de dólares, pero será hasta mediados de 2019 cuando el Congreso decida sobre la viabilidad del préstamo. De aprobarse, con el megacolector se instalaría, a partir de 2020, un moderno sistema urbano de tratamiento de aguas residuales en esta región marginada. Sin embargo, aquellos que resultarían beneficiados se oponen al proyecto.
"Nosotros decimos no al megacolector", se lee en un cartel de plástico colocado en el Salón Municipal de San Lucas. Sentados en sillas de plástico, consejos de ancianos, representantes juveniles y trabajadores del municipio dialogan sobre el gran conflicto que desencadenaría la realización del proyecto y se refieren al lago como "abuelita". Para ellos, tiene un significado espiritual. También discuten sobre la organización Amigos del Lago Atitlán; a esta le recriminan, según puede leerse en un panfleto repartido en el evento, difundir información falsa deliberadamente para imponer sus propios intereses.
Maggie García tiene 28 años, es periodista, activista y, desde hace poco, se convirtió en madre. Teléfono móvil en mano, saluda a los asistentes y exclama: "Yo soy 80% de agua y la leche que produzco para mi bebé es agua también". Para ella, el megaproyecto no representa una solución, sino un problema mayor: "No estamos de acuerdo con que nos quiten el agua". Desde que empezó a manifestarse en contra del megacolector ha recibido varias amenazas de muerte.
García expresa un temor bastante difundido entre la población, a saber, que la energía y el agua limpia obtenidas gracias al proyecto no beneficien a la comunidad, sino a la industria azucarera y a las plantaciones de café. De hecho, la organización no tiene ningún plan que aclare cómo es que el suministro limpio se pondría a disposición de los habitantes. Para ellos, esto tiene una explicación muy sencilla: les van a arrebatar el lago.
La Constitución de Guatemala define al agua como un bien común. A pesar de ello, los megaproyectos de la agroindustria han contribuido decisivamente, desde hace años, a la desecación de los ríos y los lagos del país. Muchos municipios en torno al lago Atitlán están exigiendo la realización de un referéndum, tal y como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hasta ahora, sin embargo, sus esfuerzos han sido infructuosos.
Para Juan Skinner, el megacolector sigue la misma lógica errónea: "Ellos quieren que la población se adapte a la solución, y no al revés ". El científico medioambiental originario del lago Atitlán participa activamente en conferencias internacionales sobre esta materia y desde hace décadas ha hecho del Atitlán su objeto de investigación. Él sabe muy bien que este es solo uno de los numerosos conflictos por recursos que existen actualmente en Latinoamérica, y sostiene que no se trata de un problema ecológico, sino de un conflicto social.
Él está convencido de que un proyecto técnico tan ambicioso no funcionará: "Nuestra sociedad crece rápidamente y el agua se agota, debemos desarrollar soluciones más sustentables". Skinner prevé que el fracaso del megacolector traería consigo el surgimiento de iniciativas locales que hasta la fecha han sido obstaculizadas por el megaproyecto.
Esta investigación fue apoyada por Netzwerk Recherche, Olin y Brot für die Welt.
(*) En la versión original del artículo no se menciona la celebración de las elecciones en Guatemala el 16 de junio.
Traducción: Benjamín Cortés
