Fue clave para lograr la destitución del Presidente Otto Pérez Molina y su gabinete en 2015 por un caso de corrupción. Pero, a tres años de las masivas manifestaciones en Guatemala, el movimiento ciudadano "Justicia Ya" está pasando por un momento difícil. "Mucha gente está cansada, vemos que avanzamos dos pasos, pero retrocedemos seis", dice Gabriel Wer, uno de los fundadores de "Renuncia Ya", un grupo que tras la destitución del Presidente Pérez Molina cambió su nombre a "Justicia Ya".
"Es un movimiento que nació para destituir poder; ahora está aprendiendo a construir poder de una forma distinta", explica Wer. Y construir poder no ha sido nada fácil en los últimos años, porque son muchos los retos que tienen grupos como "Justicia Ya". Por un lado, el apoyo masivo en las manifestaciones del 2015 no se ha podido transformar en poder político en el Congreso de la República. Por otro lado, los actores tradicionales defienden a toda costa el viejo sistema político e impiden que se hagan reformas estructurales.
Uno de los ejemplos más claros es el propio Presidente Jimmy Morales, quien en octubre de 2015 fue elegido como un outsider de la política tradicional bajo el lema "ni corrupto ni ladón", apoyando la lucha contra la corrupción que había librado el Ministerio Público (MP) junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aún así, cuando la justicia tocó su puerta, investigando a su hermano y su hijo por un caso de posible corrupción y al mismo Presidente por el delito de financiamiento electoral ilícito de su partido, la relación de Morales con la CICIG y el MP dejó de ser tan amigable. En agosto pasado, Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG . El intento del Presidente de sacarlo del país sólo fue impedido por una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
"La gente muy inocentemente creía que, al no ser político, Morales no iba a tener los mismos vicios de los políticos tradicionales de carrera, pero estaba rodeado de los mismos políticos que él decía no representar", explica Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de la ONG Transparencia Internacional. "Fue un gran engaño, porque las posiciones que hoy defiende responden a un temor propio de ser investigado por el financiamiento de su campaña."
La pancarta hace alusión al partido Frente de Convergencia Nacional.
Durante los últimos años, el MP y la CICIG abrieron casos de corrupción contra numerosos políticos o empresarios de alto perfil que antes se consideraban personas intocables. Ahora el sistema contraataca: "Hay una reacción de estos grupos porque sienten que están perdiendo los privilegios de impunidad que han gozado históricamente", indica Marroquín. Además de las campañas de desprestigio contra la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG Velásquez, el rollback político llegó a su climax con lo que se conoce como "pacto de corruptos". En septiembre del año pasado, varias bancadas del Congreso intentaron aprobar un paquete de reformas al código penal con el fin de reducir las penas o eliminar algunos de los delitos de corrupción, algo que fue impedido por la reacción de la ciudadanía indignada.
Ahora, Guatemala ha llegado a otro punto importante en la lucha contra la corrupción. En estos días, al Presidente Jimmy Morales le toca nombrar al nuevo fiscal general, un cargo clave para combatir la impunidad y la corrupción en el país. La actual fiscal Thelma Aldana no busca un segundo mandato, así que dependerá de su sucesor cómo se desarrolle la relación con la CICIG y por lo tanto la lucha contra la corrupción. "Soy optimista porque creo que va a ser muy difícil para el Gobierno elegir a un fiscal cómodo para ellos", dice Manfredo Marroqín. Si el Gobierno lo hiciera, puede que los ciudadanos se salgan nuevamente a las calles.
