Cuando finalmente acabe el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 3 de septiembre, será el fin de una era: junto con la CICIG, la Fiscalía guatemalteca ha investigado con éxito a innumerables empresarios y políticos de alto rango en el país en los últimos años, en muchos casos por delitos de corrupción. En 2015, el gobierno del presidente conservador Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir después de que este cayera bajo sospecha de corrupción debido a las investigacions de la CICIG. Del palacio presidencial pasó directamente a prisión preventiva.

Fueron esas imágenes las que devolvieron a muchos guatemaltecos su fe en el sistema legal, la que habían perdido hace mucho tiempo. La entonces fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, se convirtieron en una especie de superhéroes en Guatemala. También en el extranjero ambos recibieron elogios y premios. Al mismo tiempo, el éxito de la CICIG fue su propia perdición, ya que la élite política y económica conservadora guatemalteca vio su propia existencia amenazada desde el principio por las rigurosas investigaciones de la CICIG.

Iván Velásquez, jefe de la CICIG en Guatemala.

Destino sellado con Giammattei

Esto se puede ilustrar perfectamente con el ejemplo del presidente Jimmy Morales. Este fue elegido en 2015 tras una campaña electoral anticorrupción. Luego se arrepintió, cuando la CICIG empezó a investigar, primero a su hijo, y luego a su hermano, por delitos de corrupción, y más tarde a él mismo. Así que, en 2018, Morales decidió no extender el mandato de la CICIG. Incluso le negó al jefe de la CICIG, Velázquez, el regreso a Guatemala después de un viaje al extranjero, despojando de facto a la Comisión de su jefe.

* encuesta no representativa entre usuarios de DW.

Como los recientes comicios presidenciales tampoco trajeron, con la elección de Alejandro Giammattei, a un amigo de la CICIG a la cúpula del Estado, el destino de la Comisión ya estaba sellado. A la ex fiscal general Thelma Aldana, a quien se creyó que podría haber resultado electa, se le negó la candidatura por una controvertida decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, ella no cree que el fin del mandato de la CICIG vaya a paralizar la lucha anticorrupción en Guatemala: "Aunque los guatemaltecos no estén saliendo a las calles en este momento, saben muy bien que hay que luchar contra la corrupción", dijo Aldana hace pocas semanas en entrevista con Deutsche Welle. "Ese es el éxito del trabajo de la CICIG en Guatemala", subrayó.

Expertos con futuro incierto

Un gran número de investigaciones que aún quedan abiertas serán continuadas, después del final del mandato de la CICIG, por la FECI, una fiscalía especial creada hace más de diez años, al comienzo del mandato de la CICIG, como organismo intermedio entre la Comisión y las autoridades investigadoras guatemaltecas. Sin embargo, no está claro hasta qué punto la FECI pueda contar con el apoyo de la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras. "El fiscal jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se encuentra en una situación muy difícil porque la fiscal general no lo ha apoyado públicamente en los últimos meses", dijo a DW Edie Cux, director de la ONG Acción Ciudadana, la organización socia de Transparencia Internacional en Guatemala.

El recién elegido presidente Alejandro Giammattei tampoco quiere a la CICIG en el país.

Tampoco está claro qué será del personal de la CICG, numerosos investigadores y expertos que han acumulado una enorme experiencia a lo largo de los años, un conocimiento que ahora podría perderse con el fin del mandato de la CICIG. Originalmente, al menos una parte del personal iba a ser absorbida por la FECI, pero según los informes de los medios de comunicación guatemaltecos, al parecer ya no es así. "Lo que me preocupa es que las personas que antes estaban a cargo de la investigación ya no estén allí", agregó Cux.

El presidente guatemalteco recientemente electo, Alejandro Giammattei, ya había dejado en claro durante su campaña electoral que estaba en contra de extender el mandato de la CICIG. En su lugar, quiere establecer una comisión nacional anticorrupción. Sin embargo, aún no se conocen los detalles de la misma, así como tampoco se conoce la postura al respecto de Estados Unidos, que durante mucho tiempo había apoyado la labor de la CICIG. "Creo que, en el futuro, Estados Unidos se centrará sobre todo en sus intereses, como la creciente militarización de las fronteras y la lucha contra las drogas", señala ante DW Manfredo Marroquín, excandidato presidencial del pequeño partido "Encuentro por Guatemala". "La lucha contra la corrupción no es el foco de atención de EE.UU.", agrega.

Muchos observadores critican el posible establecimiento de una comisión nacional, ya que esta no tendría la misma autonomía que la CICIG, que era independiente de las instituciones guatemaltecas debido a su mandato por parte de la ONU y a la financiación de donantes internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea.

(gg/cp)